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*Medición de la Justicia ambiental.

Si analizamos las características de la población vecina de estas zonas y por tanto receptores obligados, (en muchos casos no han sido informados, no han dado su consentimiento ni asumido el riesgo que soportan) podemos observar que se trata de comunidades que presentan rasgos sociales y económicos que no indican una situación precisamente privilegiada. La posición misma del sureste dentro del desarrollo urbano intrarregional indica características socioeconómicas de menor nivel para el conjunto de su población (Padrón 1996, Indicadores municipales 1996, CAM, 1997). Sin que puedan generalizarse los casos en los cuales se pueda hablar de situaciones extremas de degradación socio-ambiental, sí que en algunos se puede hablar de marginalidad manifiesta (chabolismo, pobreza, delincuencia), casos de ilegalidad (asentamientos gitanos, construcciones ilegales), precariedad (tejidos urbanos desestructurados, instalaciones envejecidas y actividades con tecnologías obsoletas, etc.) que indican situaciones de desventaja para ciertos sectores urbanos o grupos sociales dentro de ellos.

Es en esta conjunción, por una parte, de situación de degradación en la calidad medioambiental o sobrecargas de riesgos como consecuencia de políticas planificadas o permitidas, y, por otra, de la correspondencia con espacios ocupados por grupos socioeconómicamente menos favorecidos, decimos que, esta conjunción es la que nos lleva a poder hablar en algunos casos de injusticia ambiental para el sureste de Madrid. Se trataría de una cierta discriminación por razones socioeconómicas en el disfrute de la calidad ambiental, a la que todos tendríamos derecho, y en la carga desigual de los riesgos derivados de este tipo de instalaciones para la salud y seguridad humanas. De alguna forma se impone la exposición a determinados riesgos a quienes, precisamente, pueden ser más vulnerables para afrontarlos y superarlos, se trata generalmente de ciudadanos desprotegidos por su falta de poder económico y de influencia política (Wildgen, 1998, Lowry et al., 1997, Macmaster et al. 1997, etc.)

El análisis de la justicia ambiental que proponemos está basado, como en los casos anteriores, en el examen de la cartografía temática propia complementado con el análisis estadístico y espacial por sectores urbanos y tipos de instalaciones (Cuadro3). También en este caso se han suprimido los datos para aquellos sectores urbanos que presentan una densidad demográfica inferior a 100 hab/km2, sus valores porcentuales introducen sesgos en las estadísticas globales; suponen el 36,8 % del total de sectores pero sólo representan el 1,6 % de la población. Las variables seleccionadas como indicadores de las características socio-económicas de la población han sido: el grado de instrucción, la condición socioeconómica, y la relación con los medios de producción. De ellas se representan los porcentajes de la categoría considerada como la menos favorable. Así tenemos los porcentajes de personas sin estudios para la población de 10 años y más, los porcentajes de operarios sin cualificación sobre la población de 16 años y más, y por último, el porcentaje de trabajadores eventuales sobre la población de 16 años y más ocupada.

Otra variable básica en el estudio de justicia ambiental es la renta económica seleccionando a partir de determinados umbrales que indiquen “bajos ingresos” o “niveles de pobreza” (Sánchez Ortega, 2001, Lowry et al., 1997, Macmaster et al.1997), en este caso no podemos utilizar esta variable puesto que no está disponible para los sectores urbanos.

Los mapas nº 3, 4, y 5 representan estas variables, consideramos que la cartografía es lo suficientemente explícita para visualizar las concentraciones de tasas altas en entornos. próximos a las instalaciones y en el contexto general del conjunto de ellas. La leyenda presenta 3 categorías basadas en la clasificación estadística a partir de los valores de la media y desviación típica.

El estado socioeconómico general, en función de la estadística, muestra unos grupos de población expuestos que tienen unas sociales condiciones menos favorables respecto al contexto madrileño. Los porcentajes de grupos sociales “pobres” que presenta la población para el conjunto de sectores urbanos considerados potencialmente expuestos, supera el valor del porcentaje del conjunto autonómico para cada una de las tres variables seleccionadas como indicadores de los mas bajos niveles socioeconómicos.

Casi el 40% de la población total que reside en estas áreas aparece con valores superiores a la media autonómica simultáneamente para las tres variables, mientras que en la Comunidad únicamente el 28,7% la población cumple estas características. Los valores medios se incrementan más aún en aquellos escenarios receptores de exposiciones de varias instalaciones.

Respecto a los tipos de instalación nuevamente las instalaciones de iniciativa privada presentan unas características menos favorables entre sus vecinos, aunque no muy lejos de la situación de los vertederos.

Es de destacar las importantes diferencias que presenta la variable “Población sin estudios”, seguramente el mejor indicador de una situación de pobreza y posible desamparo, en este caso los porcentajes existentes en la población expuesta superan enormemente los valores del conjunto regional.