DE LA JUSTICIA ESPACIAL A LA JUSTICIA AMBIENTAL EN LA POLÍTICA DE LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

*Medición de la Eficiencia social

Buscar localizaciones que minimicen la población expuesta, o que salvaguarden valores naturales y/o culturales, es difícil si se han de supeditar a criterios de rentabilidad, accesibilidad, etc., sobre todo si hablamos de territorios que presentan patrones espaciales muy urbanizados y humanizados como es el caso de la Comunidad de Madrid.

Una primera aproximación a la eficiencia social se puede realizar mediante la representación de la densidad de población. Para ello se cuenta con los datos del Padrón de la Población de 1996 para las entidades espaciales definidas como sectores urbanos. El sector urbano es, para nuestra escala de trabajo, la unidad estadística que mejor describe la distribución de la población en el territorio. Sin embargo, presenta un problema en los sectores que no tienen una ocupación puramente urbana, los llamados sectores diseminados, generalmente son de mayor extensión y en ellos es difícil situar la poca población que contienen, por ello se han desestimado para este estudio aquellos sectores con densidad menor a 100 habitantes/km 2 . En el mapa resultante, mapa nº 2, puede observarse cómo coinciden varias áreas de exposición con algunas zonas muy urbanizadas. Son las instalaciones de los gestores autorizados, como se viene apuntando, las que afectan a un número mayor de población debido a su situación próxima a sectores urbanos con altas densidades, en estos casos una pequeña ampliación de su radio de influencia supondría un gran incremento en la población expuesta.

Conviene señalar ante estás afirmaciones que no todas las instalaciones son iguales en  sus características, ni en sus consecuencias adversas sobre el medio, sus efectos no tienen el mismo alcance espacial, ni su área de influencia ha de ser circular precisamente. A pesar de ello y salvando las diferencias, de acuerdo con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, puede presuponerse que la proximidad establecida en 2 kilómetros implica riesgos en mayor o menor medida para la salud humana y el medio ambiente. Así podemos estimar y comparar la población potencialmente afectada según las distintas instalaciones.

Hasta aquí se ha abordado el estudio de la justicia espacial y eficiencia social mediante el análisis cartográfico, éste ha permitido de forma descriptiva, intuitiva y sintética valorar estos conceptos para llegar a una aproximación de esta cuestión emergente en el interés social. Sin duda una evaluación más rigurosa exigiría análisis más precisos y la conveniencia de la aplicación de modelos de localización óptima según distintos criterios (Bosque y Franco, 1995), no obstante, estos métodos escapan a los objetivos de este trabajo.

Otra forma de estimar la eficiencia social, a partir de los datos anteriores, puede realizarse a través de los valores absolutos de población para los sectores urbanos. Se considera como sector afectado, y por tanto se contabiliza su población, a todo aquel sector que tiene su superficie total o parcialmente bajo el área de influencia “polígono contenido”(Chakraborty et al. 1997), se excluyen aquellos que interseccionan de forma tangencial con el área de exposición. El total de la población así calculada es de 480.500 personas, en el cuadro 2 se detallan algunos datos por tipos de instalaciones.

Complementando a la cartografía, las cifras aportan mayor precisión en el conocimiento de la población potencialmente expuesta. Las instalaciones mejor situadas, desde el criterio que nos ocupa, son las grandes infraestructuras para el tratamiento de residuos de iniciativa pública, aunque hoy su gestión esté en manos privadas. Estas instalaciones están situadas en áreas de la Comunidad con un población bastante inferior a la media del conjunto de la Comunidad (1069 es muy inferior a 8028). Sin embargo, es posible que estas cifras de empadronados pueden no estar reflejando otras realidades en la ocupación humana de estos entornos como son asentamientos ilegales, segundas residencias, etc. Además de la población residente en sectores con densidad menor a 100 hab./km2.

En una situación intermedia, aunque aceptable (5083 es menor que 8028), se encuentran los vertederos sanitariamente controlados que, siendo quizá los menos peligrosos, son también de los que se perciben como más molestos (Salado et al., 1995).

Los gestores presentan una baja eficiencia social con valores altísimos de población respecto a la media general de la Comunidad. Esto quiere decir que estas instalaciones  se encuentran situadas dentro de zonas muy densamente pobladas, mucho mas que la media general de la Comunidad, lo que no parece muy razonable desde el punto de vista de la que hemos denominado eficiencia social. El cuadro 2 muestra dos medias  estadísticas para estos centros, una es resultado de considerar los 19 gestores y la segunda, más realista, sólo toma en cuenta 15 de las 19 instalaciones al desestimar aquellas cuyas áreas de influencia son coincidentes en el municipio de Arganda. Incluso podría hablarse de ciertas correlaciones de los peligros con la densidad demográfica y también con la industrial, esto puede resultar, hasta cierto punto, lógico puesto que los residuos urbanos y peligrosos son consecuencia de la urbanización y la industrialización (Wildgen, 1998), aunque no justificaría el descuido en las políticas de urbanismo, ni la falta de una estrategia en la gestión de riesgos que mitigue al máximo los posibles efectos (Wildgen, 1998).

  4 de 7