2) Los Noventa y la crisis de 2001 en Argentina

En 1989 se vivió en Argentina un periodo fuertemente inflacionario. Paralelamente, a través de dos comicios electorales (1988 y 1989), estaba creciendo la figura de Carlos Menem que, de alguna manera, supo coagular las dos corrientes al interior del peronismo. La necesidad de cambio a nivel económico y su apoyo político le permitieron ascender a la presidencia, olvidarse de lo que había prometido en las campañas electorales e implementar unas reformas estructurales necesarias por un lado y desastrosas por otro.

En un clima internacional en el cual las economías de casi todos los países del mundo se abrían a la expansión comercial y financiera de los mercados internacionales, Argentina no podía faltar al banquete, pero primero tenía que resolver su inflación galopante.

El gobierno de Menem aprobó entonces una serie de medidas económicas y de reformas del Estado: se acabó con “los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones y las preferencias que beneficiaban a las manufacturas nacionales en las compras del estado”, se dio luz verde a los despidos, se abandonaron los privilegios salariales en la administración, se privatizaron muchísimas empresas estatales abriendo ingentes mercados y sectores productivos a las empresas extranjeras [Gerchunoff y Llach, 2003; pp. 429-430]. Las primeras privatizaciones, por ejemplo Aerolíneas Argentinas, las compañías telefónicas, las carreteras nacionales o YPF, facilitaron rentas elevadísimas para los nuevos monopolios privados [Ibidem, p. 437].

Sin embargo, los dos primeros ministros de Economía del gobierno Menem, Miguel Roig y Néstor Rapanelli (ambos altos ejecutivos de la Bunge y Born, empresa multinacional de origen argentino, que de hecho se hizo cargo de la reestructuración económica), no pudieron hacer nada en contra del problema central de la coyuntura económica. Tampoco el tercero, Antonio Erman González, solucionó la hiperinflación y tuvo que dejar la cartera a Domingo Cavallo.

Del binomio Menem-Cavallo surgió la Ley de Convertibilidad (abril de 1991), que fijaba el cambio a 1 peso = 1 dólar y de hecho casi anulaba la inflación. Esta decisión, junto al abaratamiento de las importaciones, produjo el aumento del poder adquisitivo de los salarios reales y un crecimiento tan elevado de la demanda interna de bienes y servicios que tampoco la recuperación productiva y las importaciones pudieron sostener. La natural consecuencia de ello fue el aumento del déficit en la balanza comercial [1]

Al mismo tiempo, el país redujo su déficit público a través de una reforma tributaria, del combate contra la evasión y de las innumerables privatizaciones; de esta manera alimentó expectativas positivas y animó la llegada de nuevos capitales, mientras los efectos positivos del nuevo boom productivo superaban los negativos generados por las reformas estructurales. Todas estas condiciones permitirán la reelección de Menem en 1995 a pesar de que el déficit de la balanza comercial iba aumentando y sumándose a los intereses de la deuda externa, y que la inicial reducción del desempleo pronto terminó: entre 1992 y 1994 la tase de desocupación urbana pasó de un 7% a un 12,2% [Ibidem, p. 435].

El crecimiento del desempleo fue indudablemente la consecuencia de estos rápidos cambios estructurales que apuntaban a una producción menos trabajo-intensiva.

A finales de diciembre llega el llamado “efecto tequila”, debido a la devaluación del peso mexicano, que vació por el 25% las reservas del Banco Central Argentino [2]. El gobierno reaccionó firmando un acuerdo con el FMI [3] y la economía pareció haber esquivado la crisis y haber reencontrado la tranquilidad; en 1995 Menem logró ser confirmado, pero el año terminará con la primera caída del PIB (-4,5%) desde la convertibilidad y con un 18,6% de desempleo [Ibidem, p. 443].

Después de varios escándalos y enfrentamientos políticos, el ministro Cavallo fue remplazado por Roque Fernández (ex presidente del Banco Central): en 1998 la recuperada productividad bajó el desempleo a una tasa del 12,4% y redujo a la mitad el déficit de la balanza comercial contraído en 1994 [Ibidem, p. 447]. La economía estaba de nuevo funcionando bien y ahora las críticas dejaban de atacar a la convertibilidad para subrayar la necesidad de las reformas del mercado laboral y de la política fiscal. Sin embargo, las políticas “parche” en estos dos ámbitos no cambiaron mucho la situación existente: durante los años de buen crecimiento no se decidió ahorrar para reducir la deuda ni tampoco la situación del empleo mejoró substancialmente. Entonces, ya a finales de 1998, la recesión estaba empezando y se encaminaba profundizándose en estos dos caminos. “La tendencia mundial a una mayor desigualdad o al crecimiento del desempleo […] se manifestaba en la Argentina con una vehemencia inesperada para una economía de alto crecimiento” [Gerchunoff y Llach, 2004; p. 101].

Las crisis en el Sureste asiático y en Rusia y la devaluación de la moneda brasileña hacían temer otro efecto tequila, mientras que la apreciación del dólar frenaba la competitividad argentina; la caída de los precios de las exportaciones argentinas y la fuga de capitales dificultaban la recuperación. Además, la vulnerabilidad del sistema de contratos (expresados casi siempre en la moneda estadounidense) a las fluctuaciones del valor en dólares de los ingresos, provocaba el incumplimiento de los mismos [Fanelli, 2002; p. 33]

La recesión se iba convirtiendo en una verdadera depresión y la rigidez del sistema de convertibilidad permitía soluciones anticíclicas muy limitadas [Ibidem, p. 27]. Para aumentar las entradas del Estado, el gobierno de Fernando de la Rúa (2000) decidió (en contra de todas las teorías económicas en caso de recesión) aumentar los impuestos, reducir los gastos y las transferencias a las provincias, pero estas medidas solucionaron muy poco. El mejor alumno del sistema financiero internacional estaba fallando y los inversores internacionales se estaban dando cuenta.

Cavallo vuelve a encabezar el ministerio de Economía y decide por un aumento de los aranceles a los bienes de consumo y por una reducción de impuestos en varios sectores productores de bienes. Además, a su anuncio de redefinición del valor del peso, los mercados financieros respondieron mal, interpretándolo como un claro debilitamiento de la posición del país frente a la convertibilidad.

La fuga de capitales fue tan fuerte que el gobierno (también para evitar especulaciones sobre la posible salida de la convertibilidad) tuvo que restringir los retiros de efectivos de los bancos. Fue el llamado “corralito”, la gota que derramó el vaso y llamó a las enormes protestas del diciembre de 2001 y la caída de De la Rúa. Rodríguez Saá duro sólo una semana; el 6 de enero de 2002, el presidente Duhalde decretó la salida del sistema de convertibilidad con la promulgación de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario [4]. El 9 de enero se estableció el nuevo tipo de cambio: 1,4 pesos = 1 dólar [5]. Y el 3 de febrero se aprobó con el Decreto N° 214/2002 el reordenamiento del sistema financiero [6].

Cualquiera fuera la causa inicial de esta grave recesión, el resultado fueron años de crisis “tan intensos que si se incluyen por completo en este periodo anulan prácticamente todo el crecimiento observado hasta 1998” [Gerchunoff y Llach, 2004; p. 100]. En 2002 casi la mitad de la población es pobre (en 1998 un 28%) y un cuarto es indigente; el PIB real de 2002 se acercó a un valor del 30% inferior al de 1998 [Fanelli, 2002; p. 26], con una desigualdad entre los ingresos urbanos y los rurales del 60% y con las clases medias que más de las otras se vieron afectadas por la crisis [Fiszbein, Giovagnoli, Adúriz, 2003; p. 154].

Muchas fueron las empresas en quiebra y muchos los trabajadores que se quedaron sin trabajo a menudo sin realmente ser despedidos. General fue también el deterioro en la calidad del trabajo [Ibidem, p. 155].

En esta situación nacieron varios movimientos, desde la sociedad civil, que de alguna manera respondían desde abajo a la crisis que se estaba viviendo. Algunas fueron respuestas de simple (pero fuerte) rechazo contra todo y contra todos, otras fueron propuestas positivas hasta “productivas”: de los piqueteros a las redes del trueque [7], de los cacerolazos [8] a las asambleas vecinales, de las ollas populares a las empresas recuperadas.

3) El movimiento de fábricas recuperadas

La reacción a la crisis no se puede simplemente reducir al eslogan “que se vayan todos”. La crisis económica creó un burbuja de resentimientos sociales, económicos y políticos de grandes dimensiones y lista para estallar. Los movimientos sociales elaboraron así varias respuestas a esta grave situación. La primera reacción, la irrupción del movimiento piquetero ya a partir del bienio ’96-’97, fue sin duda la más violenta, la más combativa pero también “uno de los hechos más significativo de las últimas décadas” en las luchas antineoliberales en la Argentina [Svampa 2006, p. 2]. Los desocupados alcanzaron gran visibilidad a través de los cortes de ruta y de medidas de fuerza, las cuales terminaron también con obtener reacciones contrarias desde una parte de los ciudadanos. Así como se extendía el apoyo a estas acciones, también se extendía el rechazo. Sin embargo, los piqueteros no fueron (y no son) solamente piqueteros, en el sentido que no se dedican solamente a los piquetes, sino que con el tiempo han desarrollados acciones más “constructivas” que llevaron muchos desocupados a participar activamente en otros movimientos sociales, así como otros actores sociales en los mismos cortes de rutas: “el corte como tal es multisectorial, allí todos los participantes son piqueteros” [Rauber 2003, p. 2]. También con otras acciones, y con el apoyo de otros actores, los piqueteros seguían mostrándole a la sociedad argentina la otra cara de la tanto decantada modernización o globalización económica.

Una segunda reacción fueron las Asambleas Barriales que tuvieron un fuerte impulso sobre todo hasta el 2003, y después fueron gradualmente perdiendo importancia: las penetraciones de las agrupaciones de partidos políticos convencieron a muchos ciudadanos sin pertenencia de partido a abandonar las asambleas y, al revés, muchos militantes de partido empezaron a desertarlas al no ser bien acogidos o no recibiendo apoyo a sus propuestas. “Las asambleas barriales se ahogaron en el propio apoliticismo que predicaban y la práctica de lo que ellos mismos autodefinían como un “abstencionismo activo”; desconociendo que el fenómeno asambleario era, aún contra su propia negación, eminentemente político” [Rodríguez 2007, p. 3].

Las fábricas recuperadas representan, al contrario, una realidad todavía muy viva y en expansión; además “han concitado desde el inicio una fuerte simpatía y apoyos sociales, que fueron fundamentales para su expansión y consolidación” [Svampa 2006, p. 8]. Las fábricas ocupadas eran empresas que hace tiempo estaban viviendo un periodo de crisis (declaraciones de quiebra, convocatorias de acreedores, vaciamiento fraudulento de las plantas, cesación de pagos y abandono de la producción por parte de los dueños), consecuencia de la general situación económica que ya en los años ’90 estaba causando numerosos despidos y reducciones salariales, particularmente en los sectores metalúrgico y manufacturero. De hecho las primeras ocupaciones fueron de la década pasada, cuando los empresarios preferían cerrar las fábricas de mano de obra intensiva optando para empresas menos intensiva en mano de obra [9].

Bajo el lema “ocupar, resistir y producir” se pasó de una actitud simplemente defensiva (la ocupación) a la ofensiva (la producción) buscando apoyo en tres distintos niveles: primero que nada en el propio trabajador y en su autonomía frente al empresario capitalista; segundo en los vecinos y en la sociedad para conseguir apoyo y solidaridad esenciales para sobrevivir; tercero en el Estado al cual se pide la promoción de una legislación adecuada de expropiación y el apoyo político del movimiento [Gambina, Racket, Echaide y Roffinelli, 2006, p. 287]. Particularmente interesante es el apoyo brindado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios en todo lo que se refiere a la gestión administrativa de las empresas, así como por algunos sindicatos como la Central de Trabajadores Argentinos o algunas universidades que han desarrollado convenios de asistencia técnica o programas de capacitación para los trabajadores, como la Universidad del Comahue con la empresa Zanón en Neuquén, o la Universidad de Buenos Aires [Ibidem, p. 289]. Además muy importante fue la cooperación con lo piqueteros, las asambleas vecinales y los movimientos sociales. De ahí se conformaron dos principales movimientos: el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT). El primer movimiento (el más representativo) se organizó en cooperativas autogestionadas [10] que, según las palabras de su presidente José Abelli, se consideran “los socios ideales en la pelea del Estado por la empleabilidad” [Vales 2002] y la distribución de la riqueza, y ven en él un gran apoyo para las expropiaciones; el segundo exige la nacionalización de las empresas en quiebra (“estatización con control obrero”) y considera que las políticas progresistas del Estado simplemente reproducen una forma de autoexplotación pero el mismo tiempo consideran el subsidio estatal necesario para garantizar salarios dignos. Además, según el MNFRT, en el escenario económico argentino, tan privatizado y tan concentrado, las cooperativas vivirían el peligro de estar manejados por las grandes transnacionales monopolistas. Para este segundo movimiento lo que importa es el control obrero de los medios de producción (asignados al Estado) y no la propiedad (ahora de un grupo de trabajadores pero siempre privada). En el año 2004, según los datos del Segundo Relevamiento del Programa Facultad Abierta de Buenos Aires, se contaban 136 empresas recuperadas que ocupaban 8727 trabajadores. El 24% de ellas se encontraba en la Capital Federal, el 56% en el Gran Buenos Aires y el 20% en las otras provincias.

El cuadro 1 nos ilustra los diferentes tipos de producción de las empresas recuperadas. La mayor parte de estas empresas son PYMES: el 28% emplean un máximo de 20 personas, el 33% hasta 50 y el 25% tienen más de 50 trabajadores. El 24% han sido recuperadas en 2001, el 22% en 2002, el 40% en el bienio 2003-2004 [Programa Facultad Abierta 2004, p. 8] y se estima que actualmente las cifras sean aún más significativas: en 2007 hay más de 200 fábricas recuperadas y todavía un 20% de las fábricas ocupadas no están en la situación legal para empezar la producción [Gambina, Racket, Echaide y Roffinelli, 2006, p. 291].

Los movimientos de empresas o fábricas recuperadas, así como los piqueteros o los movimientos indígenas, son considerados “nuevos movimientos sociales”. Una corriente bibliográfica considera que estos nuevos movimientos en realidad son constituidos por los viejos actores sociales, los sectores populares, que están rearticulando la misma protesta de antaño, mientras la otra corriente los considera nuevos por su mayor politización (política en su verdadero significado y no como política de partido), por su lucha por el espacio público (no sólo entendido como la tierra o un determinado territorio sino también como revalorización política, cultural y económica de acceso a todo los espacios físicos: calles, plazas o fábricas abandonadas) y también por su dimensión trasversal que no los reduce solamente a los sectores pobres de la población. Coincidiendo con esta segunda interpretación, quiero subrayar como el movimiento de las fábricas recuperadas represente algo novedoso que va más allá de la mera subsistencia y preservación del puesto de trabajo y puede representar una nueva manera de entender la producción, las relaciones de confianza entre los trabajadores al interior de la fábrica y al exterior con los vecinos, la solidaridad intergeneracional y la importancia del capital social frente al capital financiero de las empresas privadas.

4) “Tejer el Futuro”… 

En el año 2004 las cooperativas italianas de comercio justo Chico Mendes[11] y Mandacarù [12] empezaron un proyecto de cooperación en Argentina para sustentar los trabajos artesanales de las comunidades indígenas Wichi, también a través de la apertura de una tienda en la Capital. Al mismo tiempo la experiencia de trabajo en la cooperativa Chico Mendes de Milano entusiasmó al argentino Harold Picchi que, de regreso a su país, empezó a entrelazar una red de contactos entre varias actividades de producción solidaria. Nació así la posibilidad de crear una verdadera cadena productiva textil “justa”.

La idea era construir una producción enteramente justa y solidaria, desde el cultivo del algodón hasta la exportación de productos terminados hacía los mercados europeos y también nacionales. De esta manera la cadena tendría que haber incluido a varios actores en los diferentes niveles de la producción. En el anillo intermedio (por ejemplo tintorería, elaboración de los productos, empaquetado) actuarán las fábricas recuperadas por los trabajadores.

El primer anillo de la cadena está representado por la Asociación Civil Unión Campesina (ACUC) nacida en 2002 pero constituida formalmente en el año 2003. La ACUC está compuesta por agricultores (en mayoría de etnia Toba) del distrito Pampa del Indio en la provincia del Chaco, donde se produce casi exclusivamente algodón [13]. Toda la producción del algodón depende mucho del precio en el mercado internacional. Después de varios periodos de crisis del sector, en 2004 el gobierno argentino lanzó un plan algodonero que permitió la recuperación de la producción después de una década de gran inactividad. Ello favoreció el fortalecimiento de la ACUC y la vuelta al campo de muchas familias que durante la crisis se vieron fuertemente afectadas en sus necesidades básicas. Pero de igual manera los pequeños productores del Chaco seguían siendo dependientes de las fluctuaciones del precio del algodón en el mercado mundial.

En este escenario, el consorcio italiano de organizaciones de comercio justo CTM Altromercato [14] decidió empezar una colaboración estrecha con la ACUC, que en primer lugar significó comprar el algodón a un precio más justo, estable y entonces que no bajase en los periodos de drástico descenso del precio internacional del algodón. El precio concordado entre la ACUC y CTM en algunas temporada logró ser casi el doble del precio internacional: en 2005/06 fue un 25% superior [CTM Altromercato, 2006; p. 140].

En segundo lugar esta colaboración significó un gran apoyo técnico a los campesinos y al mismo tiempo la eliminación de intermediarios que siempre habían pagado a los campesinos un precio muy bajo por el algodón producido. Además, siguiendo uno de los más importantes principios del movimiento del Comercio Justo internacional, la relación entre CTM y la ACUC empieza a ser una relación estable: CTM, a través de la financiación previa (o pagos adelantados) a la cosecha o a la producción, evita que los productores sigan endeudándose y crea un compromiso basado en relaciones estables, de continuidad y a largo plazo. Naturalmente ésta no es una lógica que se basa sobre el máximo beneficio, o las máximas ganancias del importador en el corto plazo, sino una lógica que se basa sobre el respeto de los derechos de los pequeños productores de las regiones menos adelantadas y la construcción de un desarrollo sostenible en el largo plazo. Es la lógica fundamental del comercio justo. La entrada en el escenario del consorcio CTM representó una gran oportunidad para los campesinos de la ACUC que de esta manera pueden gozar de una mayor seguridad alimentaria y de un trabajo digno. El empleo de estos campesinos se estaba reduciendo drásticamente por el utilizo de sistemas de producción más modernos pero que al mismo tiempo no eran medioambientalmente sostenibles y seguían reproduciendo los mismos esquemas de concentración de la riqueza; pero también porque hace algunos años las superficies algodoneras sembradas se están reduciendo notablemente. En los años noventa “casi el 90% de la producción total se recolecta a máquina”: ello significó “la pérdida de fuerza de las cooperativas” y la “pérdida de competitividad de la pequeña y mediana empresa”, dejando un panorama hecho sobre todo por los grandes productores agrícolas [Pertile, 2003].